Cómo atender el impacto social de la extracción de litio para lograr una transición energética más justa

Ambientalistas e investigadores coinciden en que la extracción de este metal en América debe respetar los derechos de las comunidades. Para ello, es necesario abordar la vulnerabilidad de esta región, garantizar mayor transparencia de la información vinculada a proyectos y desarrollar procesos de Consulta Previa, Libre e Informada.

La extracción de litio aparece como una actividad clave para acelerar la transición energética y frenar el cambio climático. Las baterías de este metal son necesarias para transformar el sector de transporte, uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero por la quema de combustibles fósiles.

No obstante, investigadores y referentes ambientales advierten que esta minería no debe cometer los mismos errores experimentados con la megaminería para otros metales que se practica en Argentina. Se requiere una minería de litio más justa.

'La explotación minera del litio tiene que aprender de lo que sucedió con la minería del oro en Argentina. Esa historia demuestra que una actitud de saqueo, colonialista y de ignorar a las comunidades del lugar solo generan conflicto, que no es bueno para nadie', comenta Romina Picolotti, cofundadora del Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA), premio Sofía en 2006 por su defensa de los derechos humanos y a la promoción del desarrollo sustentable. (https://fundacioncedha.org/para-ser-habitable-el-mundo-que-viene-debe-ser-sin-combustibles-fosiles/)

Por su parte, investigadores del Instituto de Investigaciones en Energía No Convencional (Inenco), perteneciente a Conicet y la Universidad Nacional de Salta, advierten que para avanzar hacia una transición energética justa es necesario que la industria de litio atienda tres puntos urgentes:

• Abordar la vulnerabilidad de las comunidades locales.

• Garantizar mayor transparencia de la información vinculada a proyectos.

• Desarrollar procesos de Consulta Previa, Libre e Informada de acuerdo a la reglamentación nacional e internacional.

Consulta previa, libre e informada

Sobre este último punto, los autores tomaron el caso de la Consulta Previa, Libre e Informada (FPIC, por sus siglas en inglés) realizada en octubre de 2021, en Catamarca en el marco del proceso para la instalación de un proyecto de extracción de litio en el Salar del Hombre Muerto. Y concluyeron que dicha consulta 'no fue justa ni transparente'. (https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2214790X22000983#bbib0005)

Según el análisis, el gobierno no proporcionó información suficiente sobre el proyecto a las comunidades locales, tampoco se les dio tiempo suficiente para analizar información; y, la audiencia pública se llevó a cabo en un momento en que muchas personas de las comunidades locales no pudieron asistir.

Argentina reconoce los derechos indígenas en la Constitución de 1994 y a través del tratado 169 de la Organización Internacional del Trabajo (2000), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) y el Acuerdo de Escazú (2018).

Estas normativas indican que los estados deben respetar los territorios y la gestión de los recursos indígenas, y obtener el FPIC para desarrollar programas, proyectos o leyes que puedan afectarlos. Pero estos lineamientos no se respetan. En varias provincias, ese proceso de consulta se realiza mediante una Audiencia Pública prevista en el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).

Representantes de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) también encontraron deficiente este proceso de consulta en proyectos de litio de Jujuy. 'Los miembros de la comunidad describieron que el proceso de participación y la relación con las empresas que desean extraer litio es más una comunicación unilateral que un proceso bidireccional en el que ambos podían expresar libremente sus opiniones para llegar a un entendimiento mutuo', señala el trabajo. (https://farn.org.ar/wp-content/uploads/2019/05/DOC_LITHIUM_ENGLISH-1.pdf)

Para garantizar un verdadero FPIC, desde la FARN recomiendan adaptar la EIA a los estándares internacionales de participación ciudadana.

Garantizar mayor transparencia de la información

El informe de la FARN también advierte que el sector privado debería actuar con transparencia y divulgar toda la información relevante en el plazo adecuado y cumplir con los estándares ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG, por sus siglas en inglés).

Por su parte, Laura Vera, investigadora del Centro de Investigación y Desarrollo en Materiales Avanzados y Almacenamiento de Energía de Jujuy (CIDMEJu), asegura que el mayor problema es el choque cultural enorme que hay con las comunidades locales. 'Hay una falta de información muy grande de lo que implica la explotación de un salar. Pero, por otro lado, también hay una falta de empatía con el pensamiento y los modos de vida de las comunidades locales', asegura.

Y agrega: 'Para ellos, los recursos son sagrados, el agua, la tierra y sus cultivos son sagrados. Son pueblos muy arraigados a estas creencias y a este lugar, entonces no se puede ir de un día para el otro a instalar una industria sin respetar eso. Hace falta diálogo, para hacerles entender que la gente no se va a quedar sin agua porque se explota el salar'.

La investigadora asegura que si la explotación es controlada no hay riesgo de que se afecte el agua. 'Ahí también es donde debe estar presente el estado, porque ese control no puede estar solo hecho por una empresa, debe haber un agente externo', apunta.

Otra investigación del Inenco (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301420722007310) estudió cómo enfocan la problemática socioambiental los científicos, el gobierno, las empresas y los medios de comunicación, a través de sus respectivos documentos.

En el análisis se observan 'disparidades notables'. Los artículos científicos y las noticias abordan un amplio espectro de cuestiones, entre ellas, las preocupaciones sobre los recursos hídricos. En cambio, los documentos corporativos tienden a centrarse en los factores económicos, mientras que los informes gubernamentales se enfocan más en los mercados globales, las oportunidades de empleo y los avances técnicos.

'Las empresas tienden a interactuar con las comunidades locales solo para apaciguar sus preocupaciones sobre los problemas del agua dulce a través de programas educativos y visitas guiadas, pero también dejan claro que no consideran la salmuera como agua', señala el trabajo.

Y agrega: 'Poderosos intereses económicos y geopolíticos están impulsando la búsqueda de materiales y tecnologías que puedan facilitar la elusiva transición energética hacia una sociedad descarbonizada. Se necesitan esfuerzos adicionales para garantizar que esta transición, por deseable que sea a escala global, no imponga una carga adicional a las comunidades y territorios locales que a menudo no están en el mismo barco que las empresas y los gobiernos'.

Abordar la vulnerabilidad de las comunidades locales

Las comunidades que viven en el triángulo del litio transitan una situación vulnerable, pero además consideran esos sitios sagrados. En algunos casos viven de lo que les ofrecen los salares. Al ser zonas muy áridas, son especialmente dependientes del recurso hídrico.

El mensaje de las empresas y los estados es que con el impulso de esta industria habrá una justicia distributiva, por ejemplo, porque estos emprendimientos traerán trabajo a la región, o bien, prometen mejorar la infraestructura básica de la zona, como escuelas, instituciones de salud, etc.

Sin embargo, las propias comunidades perciben que esta industria a veces agrava la problemática. Por ejemplo, provoca el desplazamiento de las comunidades y aumenta la inequidad.

Sobre este punto, Picolotti cree que el sector privado y los estados deben aprender de las experiencias pasadas en cuanto a la minería. 'Deben armar otros esquemas que permitan asegurar la justicia social y ambiental. Deben ayudar a la creación de empleo en el lugar, minimizar los impactos con la incorporación de las mejores tecnologías disponibles, formar mesas de diálogo, delimitar los territorios de los pueblos originarios', enumera.

Y luego aclara: 'La minería de litio es una minería de menor impacto que la de oro. Y además viene a jugar un rol en la crisis climática muy importante. Hay que generar confianza. Hoy hay una gran desconfianza entre el sector privado, el sector público y las comunidades. La única manera de generar confianza es trabajando juntos, con transparencia y con la verdad sobre la mesa; sin posiciones ideológicas, porque la ciencia es infalible'.