La Corte Interamericana reconoce el cambio climático como una amenaza a los derechos humanos y a la paz: una herramienta legal clave para América Latina

La Fundación CEDHA celebra el histórico pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que en su Opinión Consultiva N.º 32/23 reconoce que la crisis climática puede generar violaciones autónomas de derechos humanos fundamentales, y establece estándares jurídicos obligatorios para todos los Estados de la región.

La Opinión, solicitada por los gobiernos de Colombia y Chile, fue emitida el 4 de julio desde San José de Costa Rica, y constituye un avance sin precedentes en el derecho internacional. Por primera vez, un tribunal internacional afirma que la inacción climática estatal puede, por sí sola, constituir una violación a derechos como la vida, la salud, el agua y el ambiente sano.

'Esta Opinión Consultiva representa un antes y un después. No solo refuerza el derecho climático como campo autónomo, sino que ofrece un marco jurídico para construir justicia climática y paz ambiental desde el Sur Global', afirmó el Dr. Juan Miguel Picolotti, Director Ejecutivo de la Fundación CEDHA.

Entre los puntos más destacados del pronunciamiento se encuentran:

• La obligación de los Estados de adoptar medidas ambiciosas, progresivas y basadas en la mejor ciencia disponible para enfrentar el cambio climático.
• El reconocimiento del principio de no regresividad ambiental como límite jurídico a políticas que retrocedan en la protección climática.
• La exigencia de garantizar el acceso efectivo a la justicia climática, eliminando barreras estructurales que impiden que comunidades afectadas accedan a los tribunales.
• El reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derecho, marcando un cambio profundo en la visión antropocéntrica del derecho ambiental.

La Fundación CEDHA acompañó activamente este proceso, participando en las audiencias públicas convocadas por la Corte IDH y presentando aportes técnicos a través de un amicus curiae. En este sentido, reitera su compromiso con la promoción del derecho climático, el acompañamiento a comunidades vulnerables y el uso de herramientas jurídicas innovadoras para proteger la vida, la biodiversidad y los territorios frente a la emergencia climática.

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